El próximo 10 de diciembre, con la asunción de los diputados y senadores electos en los comicios del último 28 de junio, se materializará en la composición del Congreso, la nueva relación de fuerzas política que se vino gestando a partir del largo conflicto agrario del año pasado. Entre las densas discusiones interpretativas del reglamento de la Cámara de Diputados acerca de la elección de autoridades y la composición de las comisiones fundamentales, y el proverbial alboroto mediático, tienden a ocultarse algunos problemas estratégicos del futuro de la democracia argentina.
La presentación formal de la contienda parlamentaria que han elaborado los principales medios de comunicación -con una abrumadora homogeneidad ideológica que despierta razonables sospechas sobre la independencia periodística, tan meneada de un tiempo a esta parte por las principales empresas del sector- consiste en afirmar que “la oposición” es hoy mayoría en la Cámara baja. En consecuencia, es legítimo que esa condición se refleje en la elección de autoridades del cuerpo y en la composición de las comisiones. Para que esa problemática afirmación del supuesto carácter unitario de la oposición se hiciera operativa, fue necesario un proceso de acuerdos entre las bancadas que no forman parte del oficialismo, cuya naturaleza programática y agenda legislativa permanecen en el misterio.
En Diputados no existe una mayoría en términos de partidos y bloques parlamentarios; existe un puñado de grupos minoritarios, el más numeroso de los cuales es el oficialista. Lo que se ha producido es un acuerdo político puntual para repartirse entre un grupo de bancadas de minoría las posiciones en comisiones neurálgicas. El argumento común con el que se sostiene el acuerdo es la necesidad de controlar al oficialismo y obligarlo a la negociación. Un argumento muy dudoso, porque de ningún modo pueden las fuerzas adictas al Gobierno, en la actual relación de fuerzas en la Cámara, fijar la agenda legislativa y asegurar la aprobación de leyes sin acuerdos que vayan más allá de sus propias fuerzas.
Una de las discusiones de fondo que están planteadas concierne a la viabilidad de un Gobierno que ha quedado en minoría en una de las Cámaras del Congreso. Frente al interrogante, que concierne ni más ni menos que a la gobernabilidad democrática, suelen reaparecer los añejos debates sobre la ingeniería institucional. Particularmente se amplifican las voces de quienes sitúan el régimen presidencialista como la raíz de los problemas políticos argentinos y lanzan su periódica ofensiva a favor de algún modo de atenuación parlamentarista del sistema.

Tal como ocurre con el alboroto alrededor de la “reforma política”, y sin perjuicio de la validez de la discusión normativa, este camino de abordaje funciona como un mecanismo de sustracción del conflicto político. Los argentinos no somos cooperativos, somos intolerantes y vivimos peleándonos como producto del régimen presidencialista; tenemos malos gobiernos por las listas sábana o por las colectoras… Es una visión de los problemas políticos y del sistema político como si nadaran en el vacío. Como si en la actividad del Congreso, o en las políticas públicas, no estuviera todos los días en juego la distribución de los recursos económicos, políticos y culturales. Y como si la actividad política no tuviera vasos comunicantes con poderosas fuerzas económicas y sociales, que tienden a colonizarla y a clausurar su autonomía democrática.
Esta visión interesadamente segmentada sitúa a la política y a la sociedad como subsistemas mutuamente enajenados. Habitualmente, el panorama se completa con la contraposición entre una “sociedad buena” y una “política corrupta”, lo que de modo muy inocente nos hace desear un utópico mundo feliz sin intervención de los políticos en nuestra vida cotidiana. Con mucha perversidad se agrega el condimento del “problema de la seguridad”, que vendría a ser la demostración palmaria de que el Estado no interviene justamente ahí donde debería intervenir, es decir en la protección de la vida y la propiedad.
El conflicto político argentino, que en estos días se escenifica en el Congreso, no es un subproducto de la mala praxis de un gobierno o de una clase política. En pocas etapas políticas ha estado tan claro, como en los últimos años, que en el país existen poderosas fuerzas sociales, con alto grado de coordinación interna, que no aceptan la legitimidad de ninguna iniciativa que cuestione sus posiciones rectoras. Que identifica la seguridad jurídica con la seguridad del capital -en muchos casos, sostenida por bajos salarios y condiciones precarias de trabajo-; que homologa la libertad de expresión con la absoluta desregulación del mercado de los medios de comunicación y el consecuente desarrollo de posiciones oligopólicas en su interior; que entiende los diálogos y los consensos como administración pasiva del statu quo.
No es tanto la suerte de un gobierno lo que está en juego. El kirchnerismo se ha debilitado mucho en la última etapa, como resultado de su falta de voluntad e iniciativa en la construcción de una base política alternativa para su gestión. Su estrategia de polarizar la sociedad entre adeptos incondicionales y enemigos irreconciliables ha sido inteligentemente aprovechada por sus adversarios y ha terminado por comprimir al máximo su soporte social.
Pero aun en estas condiciones de debilitamiento, el gobierno de Cristina Kirchner ha desarrollado una agenda de reformas cuya consistencia futura es decisiva para la fortaleza de la democracia.

La sociedad argentina tendrá que decidir en un futuro bastante corto -un futuro que ya empezó- qué va a hacer con las relaciones laborales, con la política de empleo, con los convenios colectivos de trabajo recuperados después del invierno neoliberal. Tendrá que discutir si las jubilaciones seguirán siendo un derecho social, respaldado por el principio de solidaridad intergeneracional, o el resultado de una apuesta financiera. Si habrá control democrático del mercado de los medios de comunicación o se afirmarán las tendencias a la concentración y el monopolio. Si se afirmará y profundizará la tendencia abierta con la asignación familiar a la niñez; si se profundizará el rumbo de la alianza estratégica con Brasil y la integración regional o se retornará al alineamiento automático con Estados Unidos. Ciertamente hay otras cuestiones vitales -el sistema financiero, la propiedad y el uso de los recursos naturales, entre otras- que no han sido puestos en el centro de la escena. Pero es razonable dudar de que el mainstream mediático, sojero y empresarial concentrado esté muy preocupado por esas ausencias.
De manera que el Congreso es, en estas horas, la concentración simbólica de un dilema para la política argentina. El que se abre entre la autonomía democrática y la sujeción a los poderes fácticos, que funcionan por fuera de la soberanía popular. Una vez que se elijan las autoridades de las cámaras y se conformen las comisiones empezaremos a asistir a algunas discusiones centrales.
Allí sabremos dónde está parado cada uno. Sabremos por qué apoyan al Gobierno quienes lo apoyan y por qué lo enfrentan los que lo enfrentan.
Y sabremos también si hay quienes no lo apoyan en plenitud, pero están dispuestos a actuar para que los conflictos de estos años no queden en el recuerdo como malentendidos o simulacros y se integren a la agenda futura de la democracia argentina.